La Turismofobia se combate con la «legislafilia».

Según CaixaBank Research, se prevé que el PIB turístico crezca un 5% en 2024 (más del doble que lo esperado para el conjunto de la economía) y que se superen los 90 millones de visitas de turistas internacionales. Pero en este panorama aparentemente ideal comenzaron a aparecer los problemas en 2014, cuando los vecinos de La Barceloneta denunciaron los efectos negativos de la avalancha de turistas en los comercios tradicionales del barrio y en el precio de la vivienda. Había nacido la Turismobia en España: un fenómeno que ha ido creciendo año a año (exceptuando la época de COVID por razones evidentes) hasta copar los titulares cada vez que comienza el verano en nuestro país.

En GAT queremos averiguar cómo se podría afrontar esta tendencia y para ello hemos hablado con nuestro Consejero Delegado, Ramón Garayar.

  • Desde hace un tiempo se escucha hablar de “turismofobia”, el rechazo de la población al turismo por sus efectos en la convivencia. ¿Cómo valoráis desde GAT este fenómeno?

La base de nuestro atractivo como país es la forma de vida además de los valores culturales, paisajísticos y el clima, y para ello es básico que se mantenga el sentido de autenticidad de nuestra sociedad, asumiendo la evolución lógica en la forma de vivir.

El factor desencadenante de la turismofobia es el aumento desaforado de alojamientos alternativos de la mano del fenómeno Airbnb, algo a lo que ya se ha puesto coto en otros destinos internacionales (Ej. Nueva York). El crecimiento exponencial y no regulado de alojamientos alternativos o la llegada de grandes cruceros a destinos ya “saturados” han contribuido a esta situación de rechazo.

Sin embargo, el incremento de plazas hoteleras desde 2015 hasta hoy ha sido prácticamente cero, pero el número de turistas se ha multiplicado, con ello generan un tensionamiento inasumible de los servicios públicos que pagan los residentes, un incremento brutal de los precios de la vivienda y un vaciado del centro de las ciudades y lugares “con sabor” convertidos hoy en parques temáticos llenos de franquicias y con masificación turística.

El problema social que tenemos encima de la mesa no es de fácil solución, pero a mi entender el primer paso sería eliminar las viviendas turísticas no reguladas, y que las reguladas cumplan con todas las exigencias que se obligan a cualquier establecimiento turístico.

  • El consejo mundial de turismo y viajes (WTTC) alerta de los riesgos de este fenómeno para la economía española, instando a las autoridades locales a que adopten políticas para mitigarlo como desviar la atención hacia lugares menos masificados, reducir la estacionalidad, gestión de flujos. ¿Creéis qué medidas así son realistas y ayudarían a gestionar mejor el turismo?

La solución no es desviar turistas, es regular el alojamiento alegal o ilegal. Las leyes del mercado regulan el resto con la oferta y demanda, siempre bajo un prisma de respeto máximo a la autenticidad y a la forma de vida local.

El turismo es un fenómeno imparable y la búsqueda de colección de experiencias nos está llevando a esta locura que tiene su máximo exponente en Venecia; ni con tasas ni con todas las acciones que están llevando a cabo son capaces de revertir la situación de masificación y de sensación de “parque temático”. La vuelta a los orígenes va a ser prácticamente imposible y debe ser “aviso para navegantes” para el resto de los destinos.

No nos olvidemos que gran parte del malestar social viene dado también por la falta de vivienda, y este no solo es un problema de la transformación del uso turístico, sino también una falta de planificación por parte de las autoridades y unas leyes que no facilitan la oferta de viviendas en el mercado de alquiler.

  • Muchas voces señalan como culpable a los alojamientos turísticos, sobre todo a Airbnb: ¿creéis que en la actualidad está bien regulado o necesitaría una regulación más exhaustiva? ¿Es compatible o compite con los hoteles?

La regulación a nivel europeo tiene que determinar que es ilegal la comercialización de unidades alojativas no reguladas y aplicar fuertes sanciones. Respecto a las unidades autorizadas y reguladas, deberían tener las mismas obligaciones que tienen el resto de establecimientos turísticos tanto a nivel fiscal, como sanitario, legal, y demás.

Los apartamentos turísticos suponen una oferta complementaria de los hoteles, pero siempre que sea dentro de un ecosistema perfectamente regulado y legal que impida la gentrificación y/o la competencia desleal. GAT es un ejemplo de coexistencia pacífica y complementaria: gestionamos hoteles y también alojamientos turísticos: The Residences Islantilla. La Sella y Mar Menor. Este es otro ejemplo de «evalorización» del GRUPO GAT: nos adaptamos a los tiempos evolucionando para crear valor.

  • Frente al alojamiento turístico, el hotel aporta seguridad, cumplimiento de las normas y se integra mejor en el urbanimo y en la vida ciudadana. ¿Creéis que la aportación del sector de la hospitality está suficientemente valorado en España?

En España somos pasionales, pasamos fácilmente del amor al odio. El turismo, que se convirtió en motor económico desde los 60 y que contribuyó en gran medida a la recuperación económica tras el COVID, ahora se mira de reojo por esa masificación y turisficación comentada cuyos efectos negativos penalizan la reputación del resto de alojamientos que sí cumplen las normas. Pongamos de nuevo en valor la labor de aquellos hoteles y alojamientos turísticos que sí que aportan verdadero valor a la calidad turística de este país.

  • Ya existe el sello «Q» de calidad Turística pero, ¿qué te parecería la creación del sello de «Hotel Responsable» para aquellos hoteles que cumplen criterios respetuosos que fomenten la convivencia pacífica con sus comunidades?

Me parece que tenemos que ser más pragmáticos: no se trata tanto de crear un nuevo sello, como de conseguir un compromiso real mediante una legislación más eficiente dotada de mecanismos de control para su aplicación efectiva. Insisto, la solución está en lo que yo denomino la «legislafilia»: el respeto a la ley por parte de absolutamente todos los implicados: propietarios, gestores, usuarios y plataformas de intermediarios.